El viernes, un juez federal negó la solicitud de Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump, para trasladar su caso penal del condado de Fulton (Georgia) a un tribunal federal. La decisión representa un revés significativo para Meadows, quien enfrenta cargos relacionados con su presunta participación en los esfuerzos del expresidente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado clave.
El juez de distrito estadounidense Steve C. Jones, quien preside en el Distrito Norte de Georgia, argumentó en su fallo que las acciones por las cuales Meadows fue acusado no estaban directamente vinculadas a sus funciones oficiales como jefe de gabinete de la Casa Blanca, ni derivaban del ejercicio legítimo de su autoridad dentro del Poder Ejecutivo federal.
“La supuesta participación de Meadows en los esfuerzos de Trump para revertir su derrota no estaba vinculada a su papel como jefe de gabinete ni a la autoridad de su departamento ejecutivo”, escribió el juez Jones en una orden de 49 páginas, que detalla minuciosamente el razonamiento legal detrás de su decisión.
El argumento de Meadows y la estrategia de su defensa
Meadows, representado legalmente por el abogado George Terwilliger, quien anteriormente se desempeñó como funcionario del Departamento de Justicia, intentó trasladar el juicio al fuero federal bajo una figura legal contemplada en el sistema estadounidense: cuando un funcionario federal es procesado por acciones presuntamente realizadas en el ejercicio de sus deberes oficiales, puede solicitar que su caso sea tratado en una jurisdicción federal.
El propósito de este intento de “remoción” (removal) era doble. Primero, escapar de la jurisdicción local de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien lidera una acusación contra 19 personas, incluyendo a Trump, por un supuesto esquema criminal de interferencia electoral. Segundo, aspiraba a obtener eventualmente el sobreseimiento de los cargos, alegando que estaba protegido por la inmunidad federal al haber actuado en cumplimiento de su cargo oficial.
En otras palabras, Meadows argumentó que las acciones por las cuales fue acusado —principalmente su participación en la controvertida llamada del 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger— formaban parte de sus funciones como jefe de gabinete.
Sin embargo, el juez Jones desestimó esa justificación. En su análisis, concluyó que tales actos no correspondían a funciones legítimas o autorizadas del cargo federal que ocupaba Meadows. Más aún, los calificó como parte de una operación política, más vinculada a la campaña de reelección de Trump que al gobierno federal como institución.
“El juez escribió que la llamada —al igual que otras acusaciones sobre Meadows— no estaba relacionada con su posición como jefe de personal, sino con acciones personales, como parte de la campaña de Trump”, señala la orden. En concreto, Jones definió la conducta de Meadows como asociada a una “demanda personal del presidente y su campaña en el estado de Georgia”.
Una decisión con posibles consecuencias para otros acusados
Este fallo no sólo tiene implicancias para Mark Meadows. Podría también servir como precedente para las solicitudes de otros coacusados en el caso de Georgia que buscan trasladar sus procesos al fuero federal, incluyendo al propio Donald Trump. Si el tribunal mantiene el mismo estándar, los intentos por reclasificar estos procedimientos podrían fracasar uno a uno.
En particular, la estrategia de Meadows se consideraba un “caso de prueba” para este tipo de solicitudes. Al ser uno de los exfuncionarios federales de mayor rango procesados en esta causa, su intento era observado de cerca tanto por fiscales como por defensores de otros implicados.
Además, se destaca que Meadows tomó la inusual y arriesgada decisión de testificar personalmente en la audiencia donde se discutió la posibilidad de remoción. En general, los acusados en casos penales tienden a evitar declarar antes del juicio, ya que se exponen a interrogatorios y a que sus palabras sean utilizadas en su contra posteriormente. El hecho de que Meadows haya optado por hacerlo demuestra la presión que enfrenta y la importancia que atribuía a este intento por cambiar de jurisdicción.
Varios expertos legales y exfiscales federales han calificado esta jugada como de alto riesgo y una muestra clara de que la situación legal de Meadows es particularmente precaria.
¿De qué se acusa a Meadows?
La fiscal Fani Willis presentó dos cargos contra Mark Meadows, ambos enmarcados dentro de una acusación general por crimen organizado que busca demostrar la existencia de una conspiración amplia para revertir los resultados de las elecciones en Georgia. Uno de los episodios clave es la mencionada llamada del 2 de enero de 2021, en la que Trump pidió a Raffensperger que “encontrara 11.780 votos”, el número necesario para cambiar el resultado electoral en su favor.
Según la acusación, Meadows facilitó y participó activamente en esa llamada, además de haber tenido otras interacciones con funcionarios estatales e individuos involucrados en la estrategia legal y mediática para cuestionar la integridad de la elección. Desde la perspectiva de la fiscalía, esto lo convierte en un actor clave dentro de la presunta red delictiva.
¿Qué sigue?
Tras el rechazo del juez Jones, Meadows puede apelar la decisión ante una instancia superior, pero hasta el momento, su equipo legal no ha emitido comentarios oficiales al respecto. Si no logra revertir el fallo, su juicio continuará en el tribunal estatal del condado de Fulton, bajo la supervisión de Fani Willis.
Este entorno presenta más desafíos para Meadows. A diferencia de un tribunal federal, donde podría haber encontrado una audiencia más favorable, el sistema de justicia estatal está estrechamente conectado con el contexto local georgiano, donde los fiscales ya han presentado una acusación detallada, y el caso ha sido recibido con atención nacional.
Si bien aún no se ha determinado una fecha concreta para el juicio, se espera que el proceso avance durante 2024, en paralelo a las campañas presidenciales. Dado que Donald Trump sigue siendo el principal candidato republicano, el desarrollo de estos juicios, y sus implicancias legales, podrían tener consecuencias significativas en el panorama electoral.
Conclusión
La negativa del juez federal Steve Jones a trasladar el caso de Mark Meadows al fuero federal representa una derrota táctica importante para la defensa del exjefe de gabinete. Pero más allá del plano procesal, el fallo refuerza la narrativa de que las acciones emprendidas por Trump y su círculo cercano tras las elecciones de 2020 no pueden ser justificadas como funciones gubernamentales legítimas. Por el contrario, parecen formar parte de un esfuerzo político coordinado para socavar el resultado electoral, y como tal, deben ser juzgadas dentro del ámbito correspondiente.
Este caso se convierte así en un punto de inflexión clave para establecer los límites entre funciones oficiales y actos de campaña, así como la rendición de cuentas ante posibles abusos de poder. La historia aún se está escribiendo, pero con cada fallo judicial, se delinean con mayor claridad los contornos legales de uno de los capítulos más controvertidos de la historia política reciente de Estados Unidos.
